Entiendo, pero no comparto, a los dos bandos que ya se han formado para defender con uñas y dientes la deficiente y parcial Ley Sinde contra las descargas en Internet que yo practico, o para atacarla con las mismas uñas y los mismos dientes por una concepción infantil de la cultura y una idea errónea de cómo son, e incluso de quienes son los artistas y para qué sirven.
Un estado democrático no puede privar del uso de la red a la ciudadanía sin orden judicial, y si existe esta, ha de ser con tantas garantías como para asegurar que no hay ningún derecho siquiera rozado por la acción del estado. La circulación libre de la cultura es una exigencia democrática y un instrumento que puede llevar a una sociedad a un estadio superior de civilización. La red permite que la circulación de los fenómenos culturales, también la bazofia, circulen como el cierzo zaragozano en el mes de marzo. Además, los usuarios de cultura tienen derecho a generar nuevos modos de comportamiento y consumo (también creación) del hecho cultural de un país.
Pero siempre hay un pero. O varios. Si nadie financia la cultura, esta no desaparecerá porque las manifestaciones artísticas y creativas siempre serán un hecho consustancial a la raza humana, pero pueden quedar relegadas al capricho de un rico o el consuelo de un perdido. Es gracias a la intervención del estado (democrático) cómo la cultura ha llegado a ser universal y habitual, y convertida en instrumento de evolución social y humana, generadora de riqueza, de empleo, impulsora del hábito turístico y hasta transformadora de viejos y malos hábitos urbanístico en las ciudades. Y de algún sitio habrá que pagarla. Los músicos deben vivir de sus conciertos, los cineastas deberán encontrar como pagar el cine, entre otras cosas de quienes lo consumimos, y todos deberemos encontrar otro modelo, no se si industrial, de generar cultura e intercambiarla.
La tecnología ha puesto de manifiesto que la misma y hoy obsoleta industria (discográficas tiburón y grandes empresas de exhibición a los que la cultura se la sudaba porque solo creían en el negocio del ocio), que fue feliz en el cambio de soportes porque abarató costes y subió precios que no redundaron en los creadores, hoy está asustada porque le birlan el negocio en los morros. Entonces pensó en el dinero, no en la cultura. Hoy hace lo mismo. El precio de los productos culturales en España es abusivo, diría que insultante. Justo en la misma medida en que a la gente se nos ha acostumbrado a no valorar el esfuerzo, la creatividad y la fortuna de tener una sociedad llena de creadores y a despreciar a artistas como si todos fueran Ramoncin.
Los artistas no son Ramoncín, de hecho, son términos incompatibles. Y todos no viven como Alejandro Sanz, de hecho, muchos son padres y madres de familia que tampoco llegan a fin de mes.
Hemos de ser capaces de buscar un punto intermedio que respete los derechos de los internautas y a los creadores. Los derechos de autoría deben morir con el autor o autora, la tecnología debe facilitar la creación y la difusión, el estado debe ayudar a la creación como enseña de un país (EE.UU no sería ni si sombra sin su cine ultraprotegido y megasubvencionado) e invertir en educación para que podamos apreciar el hecho cultural. No cerrar redes ni enfrentar sectores ni consagrar la propiedad privada del saber.
Y por cierto, el pop y las series de TV, reyes de las descargas, no son toda la cultura. Ahora, pregúntense porque los proveedores de internet están tan calladitos en este fundamental debate convertido en bronca descomunal.
Publicado en El Periódico de Aragón el 4.12.09
