Necesitamos que el programa electoral
con que se concurre a las elecciones sea un contrato legal con el pueblo en el
que, según la Constitución, reside la soberanía. Su incumplimiento significaría
el fin de la relación laboral del gobierno. No haces aquello que prometiste
hacer, te vas.
De ser así, este gobierno sería
ilegitimo. Solo por combatir este masivo Síndrome de Indefensión Aprendida (Martin Seligman) que nos borra el
pasado y oscurece el futuro, recuerden: “No subiré el IRPF (19.12.11), “No
recortaré sanidad, pensiones y educación” (03.11.11), “La Amnistía fiscal es
impresentable” (junio2010). Entre paréntesis están las fechas en que se
gritaron las promesas. En su programa también se lee: “Mantendremos las
pensiones junto al IPC”, “No habrá rescate” y otras cosas sin importancia para
nadie excepto para casi todos los españoles.
En un concepto profundamente
democrático de la política y la vida para el que nos faltan años luz, sería
algo cotidiano, incluso las élites del país serían modélicas y no aprovechados
forrados en negocios oscuros y seres sin ilustración cuyo merito básico es
encandilar en la tele. Pero no es así, no sirve un simple contrato ético, necesitamos
un contrato de valor jurídico. No es tan difícil. Hay incluso alguna referencia
que podríamos usar como punto de partida. La propia Unión Europea prevé en sus
artículos 2 y 7 sanciones para la violación de los principios democráticos. Y
la Convención de Viena de 1969 habla en su art. 26 de la obligación de los
representantes de los estados de “actuar de acuerdo con sus compromisos”.
Normas en las que hoy se mean muchos dirigentes políticos y todos los
financieros. Pero todo es empezar. Podríamos incluso incluir en la Constitución,
la misma cuyo art. 1 proclama el “carácter social del estado”, la obligación
del cumplimiento de los programas electorales que, de violarla sin mediar
referéndums decisorios sobre cuestiones esenciales, convierta al gobierno en ilegítimo
y anule sus poderes. También es fácil, modificar la Constitución lleva un par
de horas según demostraron Zapatero
y Rajoy incluyendo de noche y en
secreto la norma del déficit cero. Estados como Suiza someten a referéndum
cosas que aquí la mayoría gubernamental ni siquiera somete al Parlamento excepto
nominalmente y con las orejas cerradas.
Lo hemos reglamentado casi todo menos
el mercado financiero, seguramente la actividad menos regulada del mundo y que,
entre sus pocas reglas, convirtió en norma legal las actitudes de la mafia de
los años 20, superadas hoy por el capitalismo financiero (La balada de Al capone, H.M.
Ensensberger). Hasta las compañías de telefonía móvil imponen una
penalización por abandonarlas antes de lo firmado en un contrato que nunca pudiste
pactar. Pero el poder no. Al parecer, el poder es una cosa muy seria para que
nos lo dejen a la gente.
Que el programa electoral sea un
contrato es esencial. Sería una simple práctica democrática si la democracia fuera
real, si la mentira no fuera el discurso diario, si el parlamento no exudara esa
retórica para iniciados alejada de la vida en la calle. Pero lo llaman
democracia y no lo es. Lo nuestro es recetas alemanas y consecuencias griegas.
*Publicado en El Periódico de Aragón en 29.09.13
