No
se trata de gastar o no gastar. Sino de a qué dedicar el dinero y de cómo
aumentar el disponible y de definir un modelo social. El del gobierno gravita
en torno a la desigualdad como elemento diferenciador. Las políticas sociales
son aquellas que de modo eficiente transforman la vida de las personas que las
disfrutan, y modifican las condiciones
en las que viven para desarrollar sus capacidades en términos de igualdad
material y de derechos. Para emerger a todas y todos a unos mínimos dignos de
bienestar material y cultural. La mera expresión de “gasto social” denota un
tremendo fracaso en las políticas de caridad reducidas a mantener a un sector
de la población abocado a la pobreza, apenas lejos del hambre.
Según la
Organización Internacional del Trabajo la brecha que separa a los más ricos de los
más pobres ha crecido un 50%. Y según la OCDE, es aquí donde han crecido más
las desigualdades. Ser hoy de los de “menos recursos” es una situación
miserable como consecuencia del nuevo modelo social, del dañino cinismo gubernamental
y su discurso de salida de la crisis en datos macroeconómicos porque se
sustenta en esa desigualdad.
Las
consecuencias no medidas son que los cientos de niños y niñas que hoy comen poco
y mal gracias a las ayudas de urgencia, los hogares que mal subsisten en redes
familiares y vecinales y con los escasos ingresos de ayuda social, las personas
paradas de larga duración de exiguos ingresos y sus hijos e hijas en edad
escolar o con truncada vida universitaria, o las personas cuidadoras de otras
dependientes sin ayudas, no terminarán sus problemas cuando esa situación
cambie, si cambia. Arrastrarán efectos para muchos años por no cotizar en
futuras pensiones, haber perdido oportunidades educativas y formativas, haber
perdido la vivienda o haber logrado una, abandonos de salud que el gobierno se
niega a reconocer que existan (tratamientos no cubiertos, dentista, gafas,
alimentación inadecuada, opciones deportivas…), vivir sin apenas luz eléctrica
por su precio en el país europeo de mayor beneficio de las eléctricas, o tener
una vida de subsistencia que coarta casi todas tus posibilidades que una
sociedad equilibrada debe asegurar. Muchos de los efectos de las políticas
“sociales” aplicadas hoy son inalcanzables para sectores amplísimos de la
sociedad porque dependen de porcentajes de cotización y aportación previos a
los que nunca pudieron llegar.
Eso
ocurre incluso teniendo empleo en un país que cuenta el 30% de sus contratos
por debajo de los 645 euros mensuales. Sembrar desigualdad es definir la
posición de las personas en función de su status socioeconómico y creer que la
democracia es solo derecho a voto y a elegir un canal de TV, y reforzar los
privilegios de las élites políticas y económicas, y las estructuras y el relato
en que apoyan su dominio. Los derechos fundamentales lo son porque no se
cuestionan: la universidad pública, la vivienda, la escuela, la salud (no solo
la cobertura sanitaria) en términos de igualdad para vertebrar una sociedad
madura. Y no se hacen depender de déficits, aumento de beneficios ni otros
perversos argumentos de los dueños de las cosas para seguir separando la
sociedad entre “sus” beneficios y “nuestra” utilidad. Eso es política
urbanística de los ayuntamientos, económica de los gobiernos y educativa de las
comunidades, por ejemplo.
Sí hay dinero. Preguntemos donde.
*Publicado en El Periódico de Aragón el21.12.14