domingo, 18 de enero de 2015

Las lecciones de StopDesahucios*

Hoy hay cientos de personas en Zaragoza cuya vida ha pasado por un infierno material -y por sus consecuencias emocionales y sociales- derivado de una situación económica que les dejaba sin casa y que ha terminado con (más o menos) bien, gracias a StopDesahucios. Una plataforma de resistencia compuesta por personas afectadas por la pérdida de su única vivienda (lo otro son negocios o inversiones que han ido mal) que se une para cambiar el rumbo de sus vidas hundidas por un asunto inmobiliario que es, en realidad, un asunto de injusticia social que tiene responsables y causas políticas.
Los efectos de la pérdida de la vivienda única y de la sostenida amenaza de desahucio, impago y necesidad material mientras ocurre, no son solo inmobiliarios. Son  humanos: vidas humanas derribadas, oportunidades volatilizadas y mínimos vitales reducidos a la nada. Y lo que hacen las plataformas anti desahucios es rescatar personas. Algo que debería ser tarea de las administraciones y en lo que el Gobierno de Aragón se ha revelado inútil. El convenio firmado al respecto con el Consejo del Poder Judicial está a años luz a la hora de evitar desahucios y no es capaz de poner en práctica la gran estrategia de Stop: negociación con los multipropietarios, inmobiliarias desahuciadoras y la banca (rescatada con mi dinero), negociación colectiva de los casos con las entidades financieras aragonesas y presión social. Pero hay algo que las plataformas ciudadanas no pueden hacer: asegurar vivienda para todos mediante parques públicos y alquileres sociales, y cambiar la ley.
Stop denuncia reiteradamente las pocas ganas del Gobierno de Aragón de crear instrumentos legales útiles  en materia de vivienda en la que es competente, y pide un Decreto de Vivienda  sobre dos ejes: Moratoria de desahucios que incluya política de realojo, y un verdadero Parque de Vivienda pública que incluya la expropiación de uso de viviendas vacías en manos del SAREB y las entidades financieras.
En varios meses Stop ha podido lo que no puede el cansino convenio de la DGA: evitar cientos de desahucios, gestionar casos de abandono de alquiler y decenas de daciones en pago totales o parciales en la tercera comunidad autónoma española con más desahucios en 2013.
Stop también recuperó en verano de 2014 el Bloque Esperanza, revelador nombre que se le dio al edificio de la calle Cerezo 41, propiedad del  banco malo (Sareb) con 17 personas en ocho viviendas de alquiler que se construyó en 2006 y cuyo promotor se arruinó con la crisis de 2008. El edificio entró en concurso de acreedores, pasó a Caja Duero-Caja España en 2012  y a manos del banco malo al año siguiente y los vecinos vieron como el precio del alquiler fue descontrolado en un edificio sin mantenimiento y deteriorado.
Lo que las plataformas antidesahucios también han cambiado es la percepción social de la persona desahuciada y la pobreza sobrevenida, la imagen pública del activismo insultado y perseguido por el gobierno, y de las avaricias de la banca. Y algo tan vital como la urgencia de reconocer en la práctica un derecho humano, constitucional y básico. Son lecciones cotidianas que conviene tener en cuenta.
*Publicado en El Periódico de Aragón el 18.01.15
**FOTO: elventano.blogspot.com

lunes, 5 de enero de 2015

Hay que subir los impuestos. Y bajarlos*

Hay que subir los impuestos. Y mucho. Y hay que bajarlos mucho también. En España, el 90% de los ingresos públicos proviene de las rentas del trabajo y del consumo de la mayoría trabajadora (lo que incluye a autónomos y a pequeñas empresas, muchas de ellas resistentes frente al acoso de la estafa que llaman crisis) y asistimos a una carrera desenfrenada por reducir la carga fiscal de las rentas altas y de los beneficios declarados de la sociedades, y para aumentar la permisividad para la evasión consentida en las grandes fortunas. Las aportaciones a la caja pública se reducen en función del crecimiento de los ingresos y en cuanto te acercas a la cima la progresividad ha desaparecido. Para los pobres, con o sin trabajo, los impuestos al consumo y las cotizaciones sociales se mantienen altas.
Hay una clave en los conceptos Precio y Recurso Público que extienden o reducen la igualdad. En este panorama dibujado a mayor gloria de las élites, las matrículas universitarias y el coste del material escolar son más altos, y las becas, menores. El préstamo bancario es aún prácticamente inexistente. El consumo está ahorcado por el IVA, una vez más, y por la falta de recursos de mucha gente. Los recursos básicos como luz y alimentos están al alza. Y los sueldos, si los hay, a la baja mientras el IVA que pagamos por igual Botín y los parados está en el quinto pino. Si se aseguran la escuela y la universidad de calidad, la cobertura sanitaria, la salud y los servicios públicos de calidad (lo contrario de lo que se hace) se revierten a la sociedad los beneficios de los impuestos. Y entonces, eso que se llama coste de la vida se reduce para todos y todas. El presidente sueco Olof Palme -la diputada Patricia Luquin (IU) lo cita con insistencia en las Cortes de Aragón- repetía: “si piensan en servicios públicos para pobres habrá pobres servicios; si los piensan para todos en términos de igualdad, habrá buenos servicios para todos e igualdad”. Ese es el debate sobre precios, recursos y fiscalidad.
Hay un ejemplo claro en la política fiscal de la presidenta de Aragón, Luis Fernanda Rudi,  y su surrealista rebaja del IRPF que renuncia a ingresos públicos para asegurar ahorros anuales ridículos en las cuentas privadas de algunos, mientras se muestra decidida defensora de las criminales subidas del IVA que asfixian muchas actividades económicas, la cultura, el consumo y pymes, asaeteadas por los indecentes costes energéticos. Uno de los resultados de esta política es el crecimiento de la economía sumergida que apuntala sistemas de supervivencia de mucha gente a la vez que la deja fuera del sistema de aportaciones y beneficios sociales. Sobreviven en un mercado no reconocido ni controlado en el que no se aporta antes y que no da derecho a percibir después. Y como muchas de las perversas políticas sociales se fundamentan en la aportación previa en forma de cotización, se aleja de muchos beneficios y la protección social a quienes antes no pudieron sumar a la caja común: parados de larga duración, trabajos en negro, sueldos por debajo de los 700 euros... que dibujan un futuro sin una pensión digna de jubilación o sin prestación por desempleo. Debemos desvincular prestación de cotización y establecer mínimos de necesidades.
El IBEX35, que presume ser el índice más rentable de Europa e igual de opaco que todos, elude un 90% de sus ingresos a los tributos o se buscan la vida fuera. Sí. Hay que subir muchos los impuestos. Y bajarlos. Lo otro es segur reforzando la estafa que llaman crisis y un modelo social desigual.
 
*Publicada en El Periódico de Aragón en 04.01.15