Hay que subir los impuestos. Y mucho.
Y hay que bajarlos mucho también. En España, el 90% de los ingresos públicos
proviene de las rentas del trabajo y del consumo de la mayoría trabajadora (lo
que incluye a autónomos y a pequeñas empresas, muchas de ellas resistentes frente
al acoso de la estafa que llaman crisis) y asistimos a una carrera desenfrenada
por reducir la carga fiscal de las rentas altas y de los beneficios declarados
de la sociedades, y para aumentar la permisividad para la evasión consentida en
las grandes fortunas. Las aportaciones a la caja pública se reducen en función
del crecimiento de los ingresos y en cuanto te acercas a la cima la
progresividad ha desaparecido. Para los pobres, con o sin trabajo, los
impuestos al consumo y las cotizaciones sociales se mantienen altas.
Hay una clave en los conceptos Precio y Recurso Público que extienden o reducen la igualdad. En este
panorama dibujado a mayor gloria de las élites, las matrículas universitarias y
el coste del material escolar son más altos, y las becas, menores. El préstamo
bancario es aún prácticamente inexistente. El consumo está ahorcado por el IVA,
una vez más, y por la falta de recursos de mucha gente. Los recursos básicos
como luz y alimentos están al alza. Y los sueldos, si los hay, a la baja mientras
el IVA que pagamos por igual Botín y los parados está en el quinto pino. Si se
aseguran la escuela y la universidad de calidad, la cobertura sanitaria, la
salud y los servicios públicos de calidad (lo contrario de lo que se hace) se
revierten a la sociedad los beneficios de los impuestos. Y entonces, eso que se
llama coste de la vida se reduce para todos y todas. El presidente sueco Olof Palme -la diputada Patricia Luquin (IU) lo cita con insistencia en
las Cortes de Aragón- repetía: “si piensan en servicios públicos para pobres
habrá pobres servicios; si los piensan para todos en términos de igualdad,
habrá buenos servicios para todos e igualdad”. Ese es el debate sobre precios,
recursos y fiscalidad.
Hay un ejemplo claro en la política
fiscal de la presidenta de Aragón, Luis Fernanda Rudi, y su surrealista
rebaja del IRPF que renuncia a ingresos públicos para asegurar ahorros anuales
ridículos en las cuentas privadas de algunos, mientras se muestra decidida
defensora de las criminales subidas del IVA que asfixian muchas actividades económicas,
la cultura, el consumo y pymes, asaeteadas por los indecentes costes
energéticos. Uno de los resultados de esta política es el crecimiento de la economía
sumergida que apuntala sistemas de supervivencia de mucha gente a la vez que la
deja fuera del sistema de aportaciones y beneficios sociales. Sobreviven en un mercado no reconocido ni controlado en
el que no se aporta antes y que no da derecho a percibir después. Y como muchas
de las perversas políticas sociales se fundamentan en la aportación previa en
forma de cotización, se aleja de muchos beneficios y la protección social a
quienes antes no pudieron sumar a la caja común: parados de larga duración,
trabajos en negro, sueldos por debajo de los 700 euros... que dibujan un futuro
sin una pensión digna de jubilación o sin prestación por desempleo. Debemos desvincular prestación de cotización y establecer mínimos de necesidades.
El IBEX35, que presume ser el índice
más rentable de Europa e igual de opaco que todos, elude un 90% de sus ingresos
a los tributos o se buscan la vida fuera. Sí. Hay que subir muchos los
impuestos. Y bajarlos. Lo otro es segur reforzando la estafa que llaman crisis
y un modelo social desigual.